Los chuchos promovieron esta integración del IFE, aqui están los resultados.

de Lajornada
Multa de 57 millones al PRD, confirma el IFE

>se acepta que el CCE violó la ley electoral, pero la queja perredista se considero infundada

Alonso Urrutia
En la madrugada, con una súbita premura por clausurar el 2006, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobaron por unanimidad multar con 57 millones de pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por sus movilizaciones poselectorales. Sin desglosarse los montos por cada conducta, se sancionó el plantón de Reforma, por afectar derechos ciudadanos; la toma de tribuna de la Cámara de Diputados para impedir el último Informe de Vicente Fox y, como especialmente grave, la pretensión perredista, adoptada por el Consejo Nacional, de impedir que Felipe Calderón tomara protesta.

La misma sesión sirvió para corroborar que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violó la legislación al contratar publicidad en contra de un candidato, pero la queja perredista se consideró infundada por no comprobarse el beneficio del PRI y el PAN por esos anuncios. Los consejeros denunciaron que en una respuesta oficial a un requerimiento del IFE, la subsecretaria de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Irma Pía González, mintió deliberadamente al informar sobre el número de promocionales contratados por el organismo.

De entrada, el primer reclamo del perredista Rafael Hernández se dirigió al hecho de que los 57 millones de pesos era la multa más alta que pretendía aprobar el IFE en la sesión –19 millones más que al PAN– “y, por añadidura, sancionando el ejercicio del derecho a la libertad de manifestación. El plantón en Reforma constituyó un acto pacífico realizado dentro de las leyes, no fue una revuelta, sino por el contrario, canalizó de una manera cívica la energía ciudadana producida por un agravio”.

Paradójicamente, el Partido Acción Nacional, promovente de la queja, no argumentó en favor, como sí lo hiciera el consejero Benito Nacif, para quien la aprobación de la dirigencia nacional perredista de estas acciones tuvo por objeto “impedir el funcionamiento de los órganos de gobierno”. Estimó asimismo que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad, como lo demuestra el hecho de que el Consejo Nacional del PRD, reunido el 10 y 11 de noviembre, manifestó la voluntad de llevar a cabo actos contra la toma de protesta.

Por su parte, el consejero Alfredo Figueroa dijo que había algunos elementos que no podía compartir, como el que no se individualizaran las sanciones por cada conducta y porque solamente se pretendía sancionar al PRD y no al resto de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos.

A su vez, el consejero y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias –que presentó los dictámenes–, Virgilio Andrade, señaló que la manifestación en Reforma fue considerada una de las faltas menos graves, pero sí observada por la afectación a otros ciudadanos. Sin embargo, explicó el consejero, “no es la libre manifestación ni la movilización lo que da motivo, sino el efecto que al final se tuvo y los dos acuerdos del Consejo Nacional que se adoptaron”.

Entre estos acuerdos, dijo, está el alterar el funcionamiento normal del Congreso, al impedir el Informe de gobierno de Fox, y “más grave aún”, la decisión de “impedir la toma de protesta del ursurpador”, según la cita textual que dio de los acuerdos aprobados.

Este aspecto, señaló por su parte el consejero electoral Arturo Sánchez, es lo que realmente es preocupante y no tanto el acto específico de tomar la tribuna.

En respuesta, el representante legislativo del PRD consideró que la protesta de los legisladores el primero de diciembre era contra la excesiva presencia del Ejército y la polícía, pues al final quienes tomaron la tribuna fueron los panistas.

Como parte del paquete 2006, el IFE desechó la queja del PRD contra el PRI y el PAN, a los que acusaba de ser beneficiarios de los espots ilegales contratados por el Consejo Coordinador Empresarial. “EL CCE –dijo Andrade– violó la ley, actuó contra derecho, hay mensajes claros que así lo acreditan y decir lo contrario sería una simulación”. A pesar de ello, los consejeros Nacif y Sánchez salieron en defensa de la libertad de expresión y en contra de que se estableciera esa ilegalidad para evitar el precedente de que organizaciones civiles pudieran expresarse en asuntos públicos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las evasivas del CCE a ratificar la contratación de los espots en las investigaciones, ni la negativa de Televisa a responder, sino las mentiras que la subsecretaria de Normatividad dio en su informe, al referir que sólo hubo dos promocionales, como cuestionó el consejero Figueroa.

“No podemos pasar por alto esta respuesta, porque no sólo agravia al IFE, sino a todos los mexicanos”, dijo Andrade al cuestionar la postura de la Secretaría de Gobernación frente a los requerimientos del instituto. Sin embargo, justificó que se desechara la queja por la imposibilidad de sancionar con la legislación de entonces al Consejo Coordinador Empresarial, pero no hay pruebas del beneficio al PRI y al PAN.

El perredista Javier Hernández dijo: “Sí pero no. Violaron la Constitución, pusieron en riesgo el proceso electoral, pudieron enfrentar a la población civil y no pasa nada”. Y no pasó nada, el IFE determinó por mayoría considerar infundada la queja, a pesar de la solicitud de Figueroa de devolver la queja por tener muchas deficiencias en su integración, entre ellas, las respuestas del CCE, Televisa y la Secretaría de Gobernación a los requerimientos del IFE.