La defensa de la educación pública

Robert Zoellick es el actual presidente del Banco Mundial (BM). Antes fue representante de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Zar de la globalización, según la revista Business Week, es uno de los principales promotores del libre comercio. Ahora es, también, beligerante defensor de la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) en México.
El procónsul del Consenso de Washington declaró al clausurar en la sede del BM los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Alianza por la Calidad de la Educación en México: “Lo que están haciendo aquí, a su manera, es muy revolucionario, no sólo para la educación, sino para México”. El directivo destacó el compromiso del gobierno de Felipe Calderón para lo que calificó como “una inversión en el futuro”, y se declaró “extremadamente impresionado” por el acuerdo.
Zoellick ofreció sin ambigüedad: “nosotros apoyamos fuertemente este esfuerzo y queremos ver de qué manera podemos respaldarlo”. Y se confesó “complacido de apoyar financieramente este esfuerzo”.
Que uno de los ayatolas del neoliberalismo y presidente en funciones del BM se involucre personalmente en la defensa de la Alianza sólo puede significar dos cosas: primero, que el Banco efectivamente está detrás de la reforma educativa mexicana; segundo, que su sesgo privatizador es incuestionable.
Los miles de maestros que se han movilizado en contra de la ACE en Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Baja California Sur (por citar unas cuantas entidades) saben esto. Es falso que protesten, como dice Calderón, para vender y negociar las plazas de maestros como si fueran suyas. Ellos no están defendiendo privilegios personales, sino la educación pública.
Lo primero que los mentores han denunciado es que los nuevos puestos de trabajo creados en el marco de la alianza no cubren las necesidades educativas de la población. Se requieren muchos más maestros en el país de los que las autoridades gubernamentales aceptan.
Es mentira que el concurso realizado hace poco más de un mes para otorgar las plazas de nueva creación haya sido un éxito y un ejemplo de transparencia.
A un mes de la aplicación del examen y del inicio del curso escolar, no hay información pública disponible del proceso de asignación de plazas. Los exámenes no tuvieron una calificación mínima aprobatoria. Concursaron, más allá de sus méritos profesionales, aquellos que obtuvieron la ficha para hacerlo. Su realización se efectuó en medio de todo tipo de anomalías.
Según señaló el ex subsecretario de Educación Pública, Lorenzo Gómez Morín, sólo entraron en la convocatoria “la Programación Detallada que emerge del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008; toda la vacancia de los estados, la que es parte de la plantilla ordinaria y que queda libre o puede quedar libre de manera temporal, hasta donde he visto, nadie la ha puesto”. El ex funcionario calcula que la mitad de las plazas “no se renovaron por la vía del concurso.”
Flavio Campos, secretario de Educación de Zacatecas, confirmó que las plazas vacantes estatales para maestros no se sometieron a concurso. Eso significa, lisa y llanamente, que cerca de la mitad de los puestos de trabajo renovados fueron asignadas a discreción por los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Quienes han manejado patrimonial y corruptamente las plazas lo siguen haciendo, al menos en parte.
La oposición al ACE no se limita a los maestros. Por distintas razones los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango no han firmado el acuerdo, porque, como señaló Omar Castro Cota, la Alianza “lejos de garantizar mayor impulso al sistema educativo, desde plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en la realidad –por lo confuso de los criterios que aplica la autoridad federal– representa un retroceso para entidades como éstas”.
Para la ACE educar es sinónimo de “invertir en el recurso humano”. El lucro se disfraza de pedagogía. El nuevo sistema de reclutamiento docente hace de los profesores una mercancía que requiere someterse a una certificación estandarizada, diseñada con criterios empresariales y tecnocráticos.
La evaluación de los maestros conforme a un principio abstracto de “calidad”, que deja de lado en su elaboración la desigualdad social y las diferencias regionales y culturales, termina siendo no una herramienta para mejorar el trabajo pedagógico, sino un instrumento para impulsar la flexibilidad del mercado laboral y terminar con el normalismo.
En muchos estados los padres de familia pagan de su bolsillo al personal de intendencia, a los profesores de inglés, computación y danza. Sus cuotas financian la reparación de escuelas y el equipamiento escolar. En multitud de comunidades rurales las aulas tienen piso de tierra, techo de lámina de cartón y carecen de baños. No se construyen nuevos centros escolares, ni aulas didácticas, ni laboratorios o talleres. Los libros de texto gratuito llegan tarde o no llegan. Formalmente la Alianza contempla el mejoramiento de la infraestructura escolar. Ni lo ha hecho ni lo hará en los poblados más pobres. Como señala la OCDE, el gasto público en el sector no impacta en el mejoramiento de este rubro ni en el acceso a material didáctico de vanguardia.
La ACE atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución. La educación pública no es una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no debe regirse conforme a criterios mercantiles. La enseñanza debe seguir siendo un bien público, no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados. Es por eso, y no por el mantenimiento de privilegios, que luchan los miles maestros que se oponen a la Alianza en el país